Andreu Llabina, historiador

Hasta hace bien poco reconocíamos que el poder lo tenían los Estados, o como mínimo ciertos Estados. Cuando un parlamento promulgaba una ley el Estado la respaldaba con toda su fuerza, policías y jueces se encargaban de su cumplimiento y castigo contra quienes infringían la norma.

La pérdida de poder de los Estados en favor de otros actores (como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN, fondos de inversión, empresas transnacionales) que se mueven en la esfera internacional hacen que la soberanía popular no tenga una institución dónde catalizarse.

Es en este momento en que la vigencia del Estado nación puede estar en entredicho. ¿De qué sirve un Estado que no trabaja para el cuidado de sus ciudadanos y hace políticas en busca del bien?  Retrocedamos al siglo XVII para encontrar a John Locke, y la evolución de sus ideas desarrolladas en el siglo XVIII por Montesquieu. Cuando estos autores señalan la necesidad de separar los poderes viven en un contexto de auge de la burguesía, que demanda confrontar el absolutismo.

Hoy en día, partiendo de la misma necesidad de recuperar soberanía, nos damos cuenta que los poderes existentes que dirigen nuestras vidas van más allá del poder público. Los poderes privados cobran peajes para usar toda una serie de servicios esenciales, como la movilidad, el agua, la luz, la información y la tecnología.

En nuestro sistema deberían existir instituciones funcionales para amarrar como mínimo dos poderes más que el ejecutivo, el legislativo y judicial: el poder mediático, y el poder económico.

No nos referimos únicamente a sancionar las Fake News. No vamos a centrar la crítica en noticias que no provienen del establishment. ¿Existe la voluntad de convertir RTVE en un servicio público y no en un medio del gobierno?; o parece que no se pueda criticar las líneas editoriales de ciertos programas totalmente tendenciosas y alejadas de la ética o la parcialidad. Se trata de asegurar que como ciudadanos recibimos información y no propaganda.

Desde el punto de vista económico, hay que asegurar que si existe libertad de mercado no pueda existir libertad para la especulación. Parece imprescindible institucionalizar la defensa del artículo 128 de la Constitución Española: “1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.”

Es vital defender un futuro, por utópico que parezca, que permita vivir de manera cohesionada como sociedad, en contraposición a un futuro de individuos en un entorno apocalíptico en el que se generen luchas constantes entre entidades tribales.

Un reto inmediato que se deberá afrontar es la aparición de criptomonedas de alcance planetario. El descrédito en la política es tan grande, que hasta un algoritmo proporciona en la ciudadanía, como mínimo, la misma confianza como poder emisor monetario que un Estado nación. La rapidez en que ha irrumpido la digitalización y la inmediatez informativa exige cambios en las legislaciones, y quizás en el modo en cómo nos organizamos como sociedad.

Habrá que domar a los nuevos poderes, del mismo modo en que el absolutismo terminó, de lo contrario, dejaremos de ser ciudadanos para convertirnos en consumidores.

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